Derecho Administrativo
Subvenciones y Ayudas Públicas en Canarias
Defensa en procedimientos de reintegro, impugnación de resoluciones de pérdida del derecho al cobro, infracciones de la Ley General de Subvenciones y recursos ante los órganos gestores de fondos europeos, incluida la Fiscalía Europea (EPPO).
El servicio
Cobrar una ayuda es fácil; conservarla, no siempre
Canarias es una de las regiones europeas que más financiación pública recibe: fondos FEDER y FEAGA, ayudas del POSEI, subvenciones del Gobierno de Canarias, de los Cabildos y de los Ayuntamientos, programas estatales como el Kit Digital y, en los últimos años, los fondos Next Generation. Miles de empresas, autónomos, asociaciones y entidades locales del archipiélago gestionan cada año subvenciones y ayudas públicas sometidas a un régimen de justificación extraordinariamente exigente.
El problema surge después del cobro. La Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), permite a la Administración revisar la justificación durante años y exigir el reintegro total o parcial de la ayuda —con intereses de demora— cuando aprecia incumplimientos: desviaciones del proyecto, gastos no elegibles, defectos formales en la justificación, incumplimiento de plazos o de obligaciones de publicidad. A ello pueden sumarse sanciones administrativas y, en los casos más graves, la derivación a la vía penal por presunto fraude.
Tejedor Abogados defiende a beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas en Canarias en todas las fases del conflicto: alegaciones al inicio del procedimiento de reintegro, recursos administrativos y contencioso-administrativos, expedientes sancionadores de la LGS y procedimientos vinculados a fondos europeos, incluidos los instruidos con intervención de la OLAF o de la Fiscalía Europea (EPPO), órgano ante el que nuestro fundador ha desarrollado experiencia directa.
Qué hacemos
Servicios en materia de subvenciones
Procedimientos de reintegro
Pérdida del derecho al cobro
Sanciones de la LGS
Fondos europeos y Next Generation
Procedimientos OLAF y EPPO
Asesoramiento preventivo
La ventaja Tejedor
Sabemos cómo audita la Administración
Los expedientes de reintegro se construyen sobre informes de control financiero, actas de comprobación y verificaciones de órganos intermedios. Nuestra experiencia en la defensa de organismos gestores nos permite leer esos informes con ojo crítico: distinguir el incumplimiento real del simple defecto formal subsanable, detectar reintegros totales donde solo procedería uno parcial y oponer la abundante jurisprudencia que exige proporcionalidad entre el defecto apreciado y la cantidad reclamada.
En materia de fondos europeos, la coordinación es esencial: una misma irregularidad puede generar a la vez un reintegro administrativo, una corrección financiera y una investigación penal. Diseñamos una estrategia única que protege al beneficiario en los tres frentes sin que lo alegado en uno perjudique en otro.
Cómo trabajamos
Método en expedientes de reintegro
Paso 1
Reconstrucción del expediente
Paso 2
Análisis gasto a gasto
Paso 3
Alegaciones y recursos
Paso 4
Cobertura penal si es necesaria
Preguntas frecuentes sobre subvenciones en Canarias
¿Cuánto tiempo tiene la Administración para exigirme el reintegro?
El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribe, con carácter general, a los cuatro años, computados conforme a las reglas de la LGS. En ayudas cofinanciadas con fondos europeos existen reglas especiales que pueden ampliar los plazos de control. La prescripción es una de las primeras defensas que examinamos en cada expediente, porque muchos reintegros llegan fuera de plazo.
¿Un defecto formal en la justificación obliga a devolver toda la ayuda?
No debería. La jurisprudencia exige aplicar el principio de proporcionalidad: si la actividad subvencionada se ejecutó y el incumplimiento es meramente formal o parcial, el reintegro debe graduarse en consecuencia. Los reintegros totales por defectos menores son frecuentemente anulados o reducidos por los tribunales cuando se combaten con una defensa técnica adecuada.
Me reclama fondos europeos la Fiscalía Europea, ¿es un procedimiento penal?
La EPPO es un órgano de naturaleza penal que investiga fraudes contra los intereses financieros de la Unión, por lo que su intervención debe tomarse con la máxima seriedad. Ahora bien, su apertura no prejuzga culpabilidad: muchas investigaciones se archivan cuando se acredita que la irregularidad fue administrativa y no fraudulenta. Es esencial contar desde el primer momento con una defensa que domine ambos planos, el administrativo y el penal.
¿Le reclaman la devolución de una subvención?
No firme ni devuelva nada sin un análisis previo. Muchos reintegros se anulan o se reducen sustancialmente con la defensa adecuada.