Penal Económico
Malversación de Fondos Públicos en Canarias
Defensa en procedimientos por apropiación, distracción o administración desleal de caudales públicos (arts. 432 y siguientes del Código Penal), incluida la reforma de la LO 14/2022, con coordinación de la vía contable ante el Tribunal de Cuentas.
El servicio
Gestionar dinero público no puede convertirse en un riesgo penal permanente
La malversación es el delito que castiga a la autoridad o funcionario que se apropia de caudales públicos, los desvía a usos ajenos a su destino o los administra de forma desleal causando un perjuicio al patrimonio público. Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 14/2022, los artículos 432 a 435 del Código Penal distinguen varias modalidades con penas muy diferentes: no es lo mismo la apropiación con ánimo de lucro que el desvío temporal a otro fin público o la gestión negligente. Esa graduación, correctamente invocada, puede cambiar radicalmente el resultado de una causa.
En la práctica canaria, las acusaciones por malversación alcanzan a alcaldes y concejales por gastos cuestionados, a gerentes de empresas y organismos públicos por decisiones de gestión, a funcionarios con responsabilidad sobre fondos y a particulares que colaboran con la Administración —contratistas, perceptores de subvenciones— a los que el artículo 435 extiende el tipo. Con frecuencia, detrás de la querella hay una discrepancia sobre la oportunidad de un gasto que la intervención o la oposición política transforman en reproche penal.
La defensa de estos asuntos exige dominar tres disciplinas a la vez: el derecho penal, el derecho presupuestario y contable del sector público, y el funcionamiento real de la gestión administrativa. Tejedor Abogados reúne las tres gracias a los más de 16 años de ejercicio de su fundador como Abogado del Estado en Canarias, donde la defensa del patrimonio público y la interacción con órganos de control interno y externo formaban parte del trabajo diario.
Qué hacemos
Defensa integral en causas de malversación
Defensa penal completa
Aplicación de la reforma LO 14/2022
Responsabilidad contable
Pericial económico-contable
Medidas cautelares patrimoniales
Delitos conexos
La ventaja Tejedor
Sabemos leer una cuenta pública y un expediente de gasto
La mayoría de las causas por malversación se ganan o se pierden en los detalles de la gestión presupuestaria: si el gasto tenía cobertura, si respondía a un fin público, si existió enriquecimiento personal, si el procedimiento de pago siguió los cauces habituales. La acusación suele presentar cifras globales impactantes; la defensa eficaz las descompone partida a partida hasta demostrar que el relato acusatorio no se sostiene. Para hacerlo hay que conocer la mecánica del gasto público —fiscalización, ordenación del pago, justificación— tan bien como el Código Penal.
Esa es nuestra especialidad. Y cuando el asunto llega también al Tribunal de Cuentas, defendemos la pieza contable con la misma intensidad, porque una condena por alcance puede ser económicamente tan grave como la penal.
Cómo trabajamos
Método de defensa en malversación
Paso 1
Mapa de los fondos
Paso 2
Calificación correcta
Paso 3
Prueba pericial
Paso 4
Doble frente penal y contable
Preguntas frecuentes sobre malversación en Canarias
¿Qué cambió la reforma de la LO 14/2022 en el delito de malversación?
La reforma recuperó la distinción entre conductas según su gravedad: la apropiación con ánimo de lucro mantiene las penas más altas, mientras que el uso temporal de fondos con reintegro y el desvío a fines públicos distintos del previsto reciben penas sensiblemente inferiores. Para muchos investigados y condenados, esta graduación abre la puerta a calificaciones más benignas o a la revisión de condenas, siempre que la defensa la plantee correctamente.
¿Puedo ser condenado por malversación sin haberme llevado ni un euro?
El tipo de administración desleal del patrimonio público no exige enriquecimiento personal, pero sí un perjuicio al patrimonio público causado infringiendo las facultades de gestión. Precisamente por eso la defensa debe centrarse en acreditar que el gasto tuvo destino público, que existía habilitación para realizarlo o que no hubo perjuicio real. La ausencia de lucro personal, además, es determinante para excluir las modalidades más graves.
¿Qué es la responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas?
Es un procedimiento distinto del penal, de naturaleza reparadora, en el que se exige a los gestores de fondos públicos el reintegro de los caudales menoscabados, con intereses. Puede tramitarse en paralelo a la causa penal y concluir con condenas millonarias aunque el proceso penal termine en absolución. Por eso ambas piezas deben defenderse de forma coordinada desde el primer momento.
¿Se cuestiona su gestión de fondos públicos?
La diferencia entre una condena grave, una atenuada y una absolución está en la defensa técnica. Analicemos su caso con total discreción.