Área de práctica
Derecho Penal Económico en Canarias
Defensa técnica en procedimientos penales de naturaleza económica y en delitos vinculados al ejercicio de funciones públicas. La experiencia como Abogado del Estado aporta un conocimiento preciso del funcionamiento interno de la Administración, clave para construir estrategias de defensa eficaces frente a la acusación pública.
Visión general
Cuando el expediente administrativo se convierte en causa penal
El derecho penal económico en Canarias ha experimentado un crecimiento notable en la última década. La fiscalización de la contratación pública, el control de las subvenciones y fondos europeos, la actividad de la Fiscalía Europea y la creciente sensibilidad social hacia la corrupción han multiplicado las investigaciones penales contra cargos públicos, funcionarios, empresarios y directivos. Delitos como la prevaricación, la malversación, el cohecho, el fraude de subvenciones o los delitos contra la Hacienda Pública nacen casi siempre de un expediente administrativo, y es ahí donde se decide buena parte de la defensa.
Esa es precisamente la fortaleza diferencial de Tejedor Abogados. La defensa penal en asuntos económicos y del sector público exige conocer en profundidad el funcionamiento de la Administración: sus procedimientos, sus tipos contractuales, su régimen de subvenciones y su estructura interna. Esa perspectiva, adquirida desde dentro durante más de 16 años como Abogado del Estado en Canarias, permite explicar al juez instructor lo que la acusación suele simplificar: que no toda irregularidad administrativa es delito, que la discrecionalidad no es arbitrariedad y que el derecho penal es la última ratio del ordenamiento.
Asumimos la defensa desde el primer momento —idealmente antes incluso de la primera declaración— y en todas las fases del procedimiento: instrucción, fase intermedia, juicio oral y recursos, ante los Juzgados de Instrucción y de lo Penal, la Audiencia Provincial de Las Palmas, la Sala de lo Penal del TSJ de Canarias, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Áreas de actuación
Siete frentes de defensa penal
Prevaricación Administrativa
Art. 404 CP
Ver servicio →
Malversación de Fondos Públicos
Defensa por apropiación o desviación de caudales públicos, con coordinación ante el Tribunal de Cuentas.
Arts. 432-435 CP
Cohecho y Tráfico de Influencias
Arts. 419-430 CP
Fraude de Subvenciones
Arts. 306 y 308 CP
Ver servicio →
Delitos contra la Hacienda Pública
Arts. 305-307 CP
Ver servicio →
Blanqueo de Capitales
Falsedad Documental
Arts. 390-399 CP
Ver servicio →
Enfoque estratégico
La Administración por dentro: el activo que desequilibra la balanza
En un juicio por prevaricación, malversación o fraude de subvenciones, el tribunal debe adentrarse en el funcionamiento real de la Administración: cómo se tramita un expediente de contratación, quién informa y quién decide, qué margen de apreciación tiene cada órgano. La acusación tiende a presentar como delictivo lo que a menudo es práctica administrativa habitual, error disculpable o simple discrepancia jurídica. Nuestra tarea es reconstruir ese contexto con precisión técnica y demostrar que la conducta enjuiciada no rebasó la frontera penal.
A ello se suma la coordinación entre órdenes: casi todos estos delitos conviven con procedimientos administrativos paralelos —reintegros, expedientes disciplinarios, responsabilidad contable— cuya gestión unificada evita contradicciones que la acusación pueda explotar.
Ámbito jurisdiccional
Presentes donde se juega su libertad y su patrimonio
Actuamos ante los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de todo el archipiélago, la Audiencia Provincial de Las Palmas, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, así como en procedimientos con intervención de la Fiscalía Europea.
Me han citado a declarar como investigado, ¿qué debo hacer?
No declarar sin preparación. La declaración del investigado es un acto de defensa, no de colaboración obligada: tiene derecho a guardar silencio, a no contestar a alguna de las partes y a conocer previamente los hechos que se le atribuyen. Contacte con el despacho antes de la citación; el estudio previo de la causa y la preparación de la declaración condicionan todo el procedimiento posterior.
¿Puede archivarse una causa penal en instrucción?
Sí, y es el objetivo prioritario de toda buena defensa. Una parte muy relevante de las causas por delitos económicos y contra la Administración se sobresee durante la instrucción cuando se acredita que los hechos no son constitutivos de delito o que no existen indicios suficientes contra el investigado. Trabajar intensamente la fase de instrucción —aportando prueba documental y pericial— evita muchos juicios.
¿Qué relación hay entre el procedimiento penal y el expediente administrativo?
Estrechísima. El proceso penal suele nacer de un expediente administrativo previo, y lo que conste en él —informes, alegaciones, recursos— será prueba en la causa. Además, la existencia del proceso penal puede suspender los procedimientos administrativos sancionadores por los mismos hechos. Por eso es una ventaja decisiva que el mismo despacho domine ambos planos y diseñe una estrategia única.
Una investigación penal exige reaccionar el primer día
Los primeros días de una investigación penal condicionan todo lo que viene después: qué se declara, qué se aporta y qué se calla. Le ofrecemos discreción absoluta, un análisis riguroso de la causa y una defensa activa desde antes de la primera declaración. Escríbanos con carácter estrictamente confidencial y le responderemos con prioridad.