Área de práctica
Derecho Administrativo en Canarias
Asesoramiento y defensa frente a la Administración Pública, en vía administrativa y contencioso-administrativa. Más de 16 años como Abogado del Estado en Canarias y 19 de actuación ante Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo.
Visión general
Defenderse de la Administración exige conocerla mejor que nadie
El Derecho Administrativo en Canarias regula la relación de ciudadanos y empresas con Ayuntamientos, Cabildos, Comunidad Autónoma y Administración del Estado. Es un derecho de plazos breves, procedimientos formales y presunciones que juegan a favor del poder público: la resolución administrativa se presume válida y ejecutiva mientras un órgano administrativo o judicial no diga lo contrario. Por eso, quien se enfrenta a una sanción, a una liquidación, a la exclusión de una licitación o a la pérdida de una concesión necesita reaccionar rápido y con precisión técnica.
Tejedor Abogados aporta a esa batalla algo que muy pocos despachos pueden ofrecer: la experiencia de haber defendido a la Administración durante más de 16 años como Abogado del Estado en Canarias. Sabemos cómo se instruyen los expedientes, qué defectos suelen esconder, qué informes pesan en la decisión y qué argumentos prosperan ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Actuamos en las dos direcciones del procedimiento: en vía administrativa, mediante alegaciones, recursos de reposición y alzada, recursos especiales en materia de contratación y reclamaciones económico-administrativas; y en vía contencioso-administrativa, con demandas, medidas cautelares, apelaciones y recursos de casación ante el Tribunal Supremo. También asesoramos de forma preventiva a empresas que contratan con el sector público o que operan sobre dominio público, para que el conflicto no llegue a producirse.
Áreas de actuación
Siete especialidades, un mismo estándar de exigencia
Contratación Pública
LCSP · TACRC
Ver servicio →
Derecho Portuario
Ver servicio →
Dominio Público Marítimo-Terrestre
Subvenciones y Ayudas Públicas
LGS · FEDER · EPPO
Contencioso Tributario
LGT · TEAR · TEAC
Función Pública
Urbanismo
Dato diferenciador
Experiencia directa en la representación institucional
Nuestro fundador representó como Abogado del Estado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, a la Demarcación de Costas de Canarias y a la Zona Especial Canaria durante más de 16 años. Esa experiencia directa, imposible de adquirir desde el ejercicio privado, es la que hoy marca la diferencia en cada asunto de Derecho Administrativo en Canarias que asume el despacho.
Cuando estudiamos su expediente no vemos solo papeles: reconocemos el modo de trabajar del órgano que lo dictó, identificamos los atajos procedimentales que pudo haber tomado y localizamos los vicios —de competencia, de procedimiento, de motivación o de fondo— que permiten anular la resolución.
Ámbito jurisdiccional
Dónde defendemos sus intereses
Comparecemos ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Tribunal Supremo, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias y, cuando el asunto lo requiere, ante la Fiscalía Europea (EPPO) y los órganos administrativos centrales con sede en Madrid.
¿Merece la pena recurrir una resolución administrativa en Canarias?
Depende de los vicios que presente la resolución y de la prueba disponible. Un porcentaje muy relevante de actos administrativos se anula por defectos de procedimiento, falta de motivación o incorrecta aplicación de la norma. Nuestro estudio de viabilidad inicial le dirá con franqueza si su asunto tiene recorrido antes de que invierta un solo euro en el procedimiento.
¿Es obligatorio agotar la vía administrativa antes de ir al juzgado?
Con carácter general sí: la ley exige agotar la vía administrativa mediante los recursos procedentes antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, esa fase previa es una oportunidad real de resolver el conflicto sin juicio, por lo que conviene plantearla con la misma seriedad técnica que una demanda.
¿Pueden suspenderse los efectos de una resolución mientras se recurre?
Sí. Tanto en vía administrativa como judicial pueden solicitarse medidas cautelares —la suspensión del acto, principalmente— cuando su ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Es una pieza estratégica esencial en demoliciones, sanciones de cuantía elevada o exclusiones de licitaciones.
¿Qué diferencia a un especialista en derecho administrativo de un abogado generalista?
El procedimiento. El derecho administrativo es la rama más formalista del ordenamiento: plazos preclusivos, requisitos de legitimación, agotamiento de vías previas, reglas especiales de prueba y una jurisprudencia contencioso-administrativa propia que evoluciona cada mes. Un error formal —un recurso presentado ante el órgano equivocado, un plazo mal computado— destruye el mejor argumento de fondo. El especialista domina esa mecánica hasta el punto de convertirla en arma: muchos de nuestros asuntos se ganan precisamente porque es la Administración quien cometió el error de procedimiento.
Cuéntenos su conflicto con la Administración
Analizaremos su expediente con la perspectiva de quien lo habría tramitado desde dentro y le propondremos la estrategia con mayores probabilidades de éxito.