Derecho Administrativo

Contratación Pública en Canarias

Recursos especiales en materia de contratación, impugnación de pliegos y adjudicaciones, ofertas anormalmente bajas, nulidad de contratos y responsabilidad patrimonial derivada de contratos del sector público en todo el archipiélago.

Impugnar una licitación

El servicio

Cuando una licitación se decide en quince días hábiles

La contratación pública en Canarias mueve cada año miles de millones de euros a través de Ayuntamientos, Cabildos, la Comunidad Autónoma, las Autoridades Portuarias y la Administración del Estado. Para muchas empresas canarias, los contratos públicos son su principal fuente de ingresos; para otras, la puerta de entrada a mercados estables. Sin embargo, la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), es una de las normas más complejas y cambiantes del ordenamiento, y cualquier error —propio o del órgano de contratación— puede costar la adjudicación.

El instrumento clave de defensa es el recurso especial en materia de contratación, que debe interponerse en el brevísimo plazo de quince días hábiles ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) o el órgano autonómico competente. Es un recurso gratuito, rápido y con efectos suspensivos automáticos cuando se impugna la adjudicación, pero exige un dominio técnico absoluto: la doctrina de los tribunales administrativos de contratación es abundante, matizada y decisiva.

Tejedor Abogados conoce esa doctrina desde las dos orillas. Durante la etapa de nuestro fundador como Abogado del Estado en Canarias se informaron y defendieron numerosos expedientes de contratación de organismos públicos, y hoy esa experiencia se aplica a la defensa de licitadores, adjudicatarios y también de mesas y órganos de contratación que necesitan blindar jurídicamente sus procedimientos.

Qué hacemos

Servicios de contratación pública

Recurso especial de contratación

Preparación e interposición de recursos especiales ante el TACRC y tribunales autonómicos contra anuncios, pliegos, actos de trámite cualificados, exclusiones y adjudicaciones, con solicitud de medidas cautelares cuando procede.

Impugnación de pliegos

Análisis de pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para detectar criterios de solvencia desproporcionados, requisitos técnicos dirigidos o criterios de adjudicación contrarios a la LCSP, e impugnarlos antes de que condicionen el resultado.

Ofertas anormalmente bajas

Defensa del licitador incurso en presunción de anormalidad —justificando la viabilidad de su oferta— y, en sentido inverso, impugnación de adjudicaciones a ofertas temerarias insuficientemente justificadas por el adjudicatario.

Nulidad y resolución de contratos

Acciones de nulidad de contratos del sector público, expedientes de resolución contractual, incautación de garantías, penalidades y liquidaciones, tanto en defensa del contratista como de la entidad contratante.

Responsabilidad patrimonial contractual

Reclamaciones de daños derivados de contratos públicos: reequilibrio económico, suspensiones, modificados, sobrecostes y daños causados por la anulación de adjudicaciones.

Informes para licitadores y mesas

Elaboración de informes jurídicos para licitadores que preparan ofertas complejas y para mesas de contratación que deben resolver dudas de solvencia, exclusión o valoración con seguridad jurídica.

La ventaja Tejedor

Sabemos cómo razona una mesa de contratación

Los expedientes de contratación se ganan con detalle: un informe técnico mal motivado, una valoración que se aparta de los pliegos, una exclusión sin trámite de audiencia o una justificación de baja temeraria aceptada sin análisis real. Haber trabajado durante años junto a órganos de contratación del sector público estatal nos permite identificar esos fallos con rapidez y convertirlos en motivos de impugnación con verdadero recorrido ante el TACRC y la jurisdicción contencioso-administrativa.

Asesoramos igualmente en la fase preventiva: revisión de ofertas antes de su presentación, estrategia de subsanación, preparación de la justificación de ofertas incursas en anormalidad y acompañamiento durante todo el procedimiento de licitación.

Cómo trabajamos

Método en asuntos de contratación pública

Paso 1

Análisis urgente del expediente

Revisamos la notificación, el expediente y los informes de valoración el mismo día en que nos los remite, porque el plazo de quince días hábiles no admite demoras.

Paso 2

Identificación de motivos

Contrastamos el procedimiento con la LCSP y la doctrina del TACRC para seleccionar los motivos de impugnación con mayor probabilidad de estimación.

Paso 3

Recurso y cautelares

Redactamos el recurso especial con petición de acceso al expediente y de mantenimiento de la suspensión, y lo presentamos dentro de plazo con toda la prueba disponible.

Paso 4

Seguimiento hasta el final

Si la resolución del tribunal administrativo no es favorable, valoramos con usted el recurso contencioso-administrativo y, en su caso, la reclamación de daños.

Preguntas frecuentes sobre contratación pública en Canarias

¿Qué plazo tengo para recurrir una adjudicación?

El recurso especial en materia de contratación debe interponerse en el plazo de quince días hábiles desde la notificación de la adjudicación o del acto impugnado. En contratos no susceptibles de recurso especial, el plazo del recurso administrativo ordinario es de un mes y el del contencioso-administrativo de dos meses. Contacte con nosotros de inmediato: la preparación de un buen recurso requiere estudiar el expediente completo.

¿La interposición del recurso paraliza la firma del contrato?

Sí, cuando se impugna la adjudicación de un contrato sujeto a recurso especial, la formalización queda automáticamente suspendida hasta que el tribunal administrativo resuelva. Es una de las grandes ventajas de esta vía: evita que el contrato se consume mientras se discute su legalidad.

Mi oferta fue declarada anormalmente baja, ¿puedo defenderla?

Sí. La presunción de anormalidad no equivale a exclusión: la ley obliga al órgano de contratación a abrir un trámite de justificación en el que la empresa puede acreditar la viabilidad de su oferta —condiciones de ejecución favorables, soluciones técnicas propias, costes reales—. Una justificación bien construida, con soporte documental y económico, salva la mayoría de estas situaciones.

¿Le han excluido de una licitación o han adjudicado a otro?

Envíenos hoy mismo la notificación y los informes de valoración. El plazo de quince días hábiles corre desde la notificación y cada jornada cuenta para estudiar el expediente y preparar un recurso con verdaderas opciones de prosperar ante el tribunal administrativo.

Actuar ahora