Derecho Administrativo

Urbanismo en Canarias

Impugnación de instrumentos de planeamiento y actos urbanísticos, licencias, nulidad de decretos municipales, recuperación de la posesión de bienes de dominio público y responsabilidad patrimonial de las Administraciones locales del archipiélago.

El servicio

El territorio más regulado de España exige la defensa más precisa

Pocas comunidades autónomas tienen un derecho urbanístico tan singular como Canarias. La escasez de suelo, la protección del paisaje insular, el peso del turismo y la superposición de planes insulares, generales y especiales convierten cada decisión urbanística en un ejercicio de equilibrio jurídico. La legislación canaria del suelo y de los espacios naturales, junto con la normativa turística y costera, forma un sistema donde el error —del particular o del Ayuntamiento— tiene consecuencias muy costosas.

El urbanismo en Canarias afecta a promotores que necesitan licencias, a propietarios que ven cómo un nuevo plan cambia la clasificación de su suelo, a vecinos que impugnan actuaciones ilegales, a empresas turísticas sometidas a autorizaciones especiales y a Ayuntamientos y Cabildos que deben tramitar sus instrumentos con seguridad jurídica. En todos esos frentes, la jurisdicción contencioso-administrativa es el campo de batalla final, y la calidad técnica del recurso decide el resultado.

Tejedor Abogados actúa ante los Ayuntamientos de todo el archipiélago, los Cabildos insulares, la Administración autonómica y los Juzgados y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias. Nuestra formación en la Abogacía del Estado —donde el control de legalidad del planeamiento y la defensa del dominio público eran tarea habitual— nos proporciona un dominio del procedimiento administrativo que resulta decisivo en la materia más formalista del derecho público.

Qué hacemos

Servicios de derecho urbanístico

Impugnación de planeamiento

Recursos contra planes generales, planes parciales y especiales, ordenanzas y modificaciones puntuales, por defectos de procedimiento, falta de informes preceptivos, evaluación ambiental deficiente o arbitrariedad en la ordenación.

Licencias urbanísticas

Obtención e impugnación de licencias de obra, actividad y primera ocupación; defensa frente a denegaciones inmotivadas y frente a la revisión de licencias ya otorgadas, y régimen de las comunicaciones previas y declaraciones responsables.

Disciplina urbanística

Defensa en expedientes de restablecimiento de la legalidad y sancionadores: órdenes de demolición, obras sin título o excedidas, prescripción de la acción de restablecimiento y legalización de lo construido cuando es posible.

Nulidad de actos municipales

Acciones de nulidad contra decretos de alcaldía y acuerdos de junta de gobierno o pleno dictados prescindiendo del procedimiento o por órgano incompetente, y ejercicio de la acción pública urbanística.

Dominio público local

Procedimientos de recuperación de la posesión de bienes de dominio público, deslindes de caminos y vías pecuarias, y defensa de particulares frente a recuperaciones posesorias improcedentes.

Responsabilidad patrimonial local

Reclamaciones de daños contra Ayuntamientos y Cabildos: anulación de licencias, cambios de planeamiento que privan de aprovechamiento, demoras injustificadas y daños por funcionamiento de los servicios públicos.

La ventaja Tejedor

El urbanismo se gana en el procedimiento

La inmensa mayoría de los planes y actos urbanísticos anulados por los tribunales caen por vicios de procedimiento: informes sectoriales omitidos, evaluación ambiental insuficiente, memorias de sostenibilidad económica inexistentes o trámites de información pública defectuosos. Nuestra especialidad es precisamente esa: el dominio milimétrico del procedimiento administrativo, adquirido en años de defensa del Estado, aplicado ahora a detectar el vicio que anula el plan o el acto que perjudica a nuestro cliente.

Trabajamos codo a codo con arquitectos, ingenieros y peritos ambientales, porque el pleito urbanístico es siempre un trabajo de equipo entre el derecho y la técnica.

Cómo trabajamos

Método en asuntos urbanísticos

Paso 1

Informe de situación urbanística

Determinamos la clasificación y calificación del suelo, el planeamiento aplicable y las afecciones sectoriales —costas, carreteras, espacios protegidos— que condicionan su asunto.

Paso 2

Estrategia administrativa

Elegimos la vía idónea: alegaciones en información pública, recurso administrativo, solicitud de licencia bien fundada o acción de nulidad, según el objetivo del cliente.

Paso 3

Prueba técnica

Coordinamos las periciales de arquitectos e ingenieros que sostendrán el recurso, porque en urbanismo el plano convence tanto como la norma.

Paso 4

Contencioso y ejecución

Litigamos ante los Juzgados y el TSJ de Canarias y velamos por la ejecución completa de la sentencia, incluida la demolición o la indemnización acordada.

Preguntas frecuentes sobre urbanismo en Canarias

El Ayuntamiento me deniega la licencia sin apenas motivación, ¿qué puedo hacer?

La licencia urbanística es un acto reglado: si el proyecto cumple el planeamiento y la normativa aplicable, el Ayuntamiento está obligado a concederla, y su denegación debe motivarse con precisión. Una denegación genérica o basada en criterios de oportunidad es impugnable con altas probabilidades de éxito, y la demora injustificada puede además generar responsabilidad patrimonial del municipio.

¿Pueden ordenar la demolición de una obra construida hace muchos años?

Depende de si la acción de restablecimiento de la legalidad ha prescrito y del tipo de suelo. En términos generales, transcurrido el plazo legal desde la total terminación de las obras sin que la Administración reaccione, ya no cabe ordenar la demolición, aunque la edificación quede en situación de fuera de ordenación. Ahora bien, en suelos especialmente protegidos o en dominio público la acción puede no prescribir, por lo que cada caso exige un estudio riguroso de fechas y pruebas.

Un nuevo plan ha cambiado la clasificación de mi suelo, ¿tengo derecho a indemnización?

El planeamiento puede modificarse —el llamado ius variandi—, pero cuando la alteración anticipada del plan priva de aprovechamientos ya patrimonializados, impide el ejercicio de licencias otorgadas o frustra gastos de urbanización realizados, surge el derecho a indemnización por responsabilidad patrimonial. También puede impugnarse el propio plan si la nueva ordenación es arbitraria o carece de justificación en la memoria.

¿Un conflicto urbanístico amenaza su proyecto o su propiedad?

Licencias, demoliciones, planeamiento o responsabilidad patrimonial: estudiamos su expediente y le proponemos la estrategia con mayor recorrido.